Vie. Ene 21st, 2022

Cómo será el proceso para cubrir la vacante que dejará Highton en la Corte Suprema

Su salida se oficializará el 1º de noviembre. Por ese entonces, Alberto Fernández deberá presentar un candidato al cargo y su posterior nombramiento dependerá del Senado.

La renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia desató un verdadero temblor en el ambiente judicial. Su salida se hará efectiva el 1° de noviembre y abrió interrogantes sobre el futuro del alto tribunal.

¿Cómo se cubre su vacante? Según establece la Constitución, el Presidente “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

Sin embargo, el procedimiento es más extenso y está regulado por el decreto 222/03, el cual indica que “una vez producida la vacante” el Ejecutivo tiene un “plazo máximo de 30 días” para “publicar en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares” de la persona en consideración para el cargo.

Acto seguido, y tras efectuarse la publicación, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entre otras entidades, contarán con 15 días para presentar ante el Ministerio de Justicia sus apoyos o impugnaciones.

Concluido ese período, se abre un nuevo plazo de 15 días para que el Ejecutivo decida si eleva o no el pliego al Senado para su tratamiento. En caso de enviarse, es la Comisión de Acuerdos la que deberá activar el mismo procedimiento.

Dicha Comisión emitirá la publicación del nombre del candidato y sus antecedentes en diarios de circulación nacional y otorgará otros 15 días para recibir observaciones. Asimismo, ese cuerpo parlamentario convocará a una audiencia pública.

En ella, el candidato propuesto por el Presidente defenderá su postulación y responderá preguntas de los senadores nacionales. Si obtiene dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, el pliego pasará a la Cámara Alta para su votación.

Su aprobación requiere de una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un total de 48 votos si asisten los 72 senadores que componen a la Cámara alta.

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