Mar. Oct 26th, 2021

Torturar tiene premio: la mafia penitenciaria K

Las contradicciones y complicidades detrás del relato oficialista sobre los derechos humanos dentro del ámbito penitenciario.

En junio de 2020, el presidente Alberto Fernández designó a la ex jueza y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, María Garrigós de Rébori, como interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y le encomendó la tarea de “normalizar” la institución y la situación en los penales.

Había pasado poco más de un mes del motín en la cárcel de Devoto por la falta de medidas sanitarias para combatir el coronavirus intramuros, y la causa por presunto espionaje ilegal macrista empezaba a salpicar a la cúpula del organismo que entonces dirigía Emiliano Blanco.

Sin embargo, en este tiempo, Garrigós o Malala –como le dicen- no sólo no cumplió con lo que le pidieron sino que se convirtió en cómplice de la mafia penitenciaria.

¿De qué estamos hablando?

Por ejemplo: en la Dirección General de Régimen Correccional ubicó al inspector Lafuente, un hombre que se encontraba licenciado desde fines de 2019, luego de que se le iniciara un sumario administrativo por cobrar con favores sexuales o dinero los ingresos al Servicio Penitenciario Federal.

En la Dirección General de Cuerpo Penitenciario puso a inspectora general Sonia Álvarez, investigada por Asuntos Internos por el otorgamiento –en tiempo récord- de la concesión del servicio de cantina del Complejo Penitenciario Federal N° 1 (Ezeiza), del cual fue jefa, a una firma vinculada con el contrabando de 2000 kilos de cocaína a México y cuyo responsable de firmar cheques era un interno de ese penal.

Ese caso rozó también al virtual jefe operativo de la institución, el subdirector nacional Sabino Guaymas, quien en 2018 llegó a las noticias por pedir autorización a la Justicia para que un ex centro de detención durante la dictadura, ubicado en Tafí Viejo, Tucumán, fuera utilizado como cárcel federal.

No obstante, el inspector general Guaymas no es el único penitenciario que va a contramano del relato K en materia de Derechos Humanos que tan bien representa Garrigós.

El titular del Consejo de Planificación y Coordinación se llama Adrián David Espinosa y está procesado por apremios ilegales.

Y al mando de la Academia Superior de Estudios Penitenciarios “Roberto Pettinatto” está el alcaide mayor Jorge Galli, quien en marzo de 2017 fue procesado y apartado de sus funciones por participar de una “brutal golpiza” a un preso de la cárcel de Ezeiza en enero de 2010.

La orden la dio el juez federal Federico Villena, quien entonces subrogaba el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Hoy, cabe recordar, está en el 1 del mismo distrito.

Un dato más: como contamos en PyP semanas atrás, Garrigós, que se jacta de haber cerrado transitoriamente la Dirección Principal de Análisis de la Información (léase, Inteligencia), montó en la oficina de Asuntos Internos una estructura de espionaje interno para perseguir a aquellos que protestan por las condiciones laborales.

Una alta fuente del SPF comentó a este periodista: «Torturar tiene premio. Todos los que llegan muy arriba tienen una causa por torturas». Fuerte.

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