El Gobierno prorrogó hoy por 180 días la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenobia y el Racismo (INADI), a cargo de Victoria Donda, quien días atrás quedó en el ojo de la tormenta a partir de una denuncia que le hizo su ex empleada doméstica.
El caso salió a la luz el pasado 4 de enero, cuando el abogado de Arminda Banda Oxa reveló en Radio Rivadavia que Donda le había ofrecido planes sociales y un contrato en el INADI a su clienta, que quería jubilarse, para compensarla por los años en los que la tuvo trabajando «en negro».
A partir de esta situación, Banda Oxa inició dos causas judiciales contra la ex diputada nacional. Una en el fuero laboral y otra en el penal, por «administración fraudulenta y malversación de fondos públicos» que está siendo investigada por el juez federal Sebastián Casanello.
Asimismo, la Fundación Apolo presentó otra denuncia contra Donda en el mismo sentido y la oposición exigió la renuncia de la funcionaria.
Sin embargo, el presidente Alberto Fernández no sólo la respaldó públicamente –“No está en su naturaleza sacarle ventaja al Estado”, aseguró- sino que con la firma del decreto 22/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, renovó su confianza en la hija de desaparecidos.
La norma lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.
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MAFIOSA.