Jue. Abr 15th, 2021

Académicos, intelectuales y FOPEA coincidieron en que el «fallo Santoro» protege el secreto periodístico

Fuerte respaldo al periodismo profesional y de investigación.

En un año marcado por el ataque constante al periodismo profesional desde el poder político y de escraches a colegas desde los medios financiados por el gobierno actual, un grupo de constitucionalistas, académicos y el presidente de FOPEA, respaldaron el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata por la importancia que implica a la defensa del periodismo de investigación.

Así lo hicieron el constitucionalista Antonio María Hernández, el decano de la facultad de Derecho de la universidad Austral, Manuel García Mansilla, el abogado Mauricio De Nuñez y el presidente de FOPEA Fernando Ruiz, destacaron que el “fallo Santoro” de la Cámara Federal de Mar del Plata. Coincidieron en que sientan las bases de una nueva doctrina en defensa del secreto profesional periodístico.

Todo ocurrió durante una videoconferencia realizada el jueves por la noche organizado por la universidad Austral y de la que participaron más de 250 personas, Hernández –el redactor del artículo 43 de la Constitución sobre el secreto periodístico- destacó que hasta antes del fallo de los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza “había una profunda discordancia” entre la carta magna y la jurisprudencia de algunos jueces como, por ejemplo, el de Dolores Alejo Ramos Padilla.

Tal como informó PeriodismoyPunto, el viernes de la semana pasada ese tribunal revocó los procesamientos que el juez Ramos Padilla había dictado contra Daniel Santoro en el caso D’Alessio e hizo una defensa de los derechos constitucionales del periodista.

El fallo Santoro es un cambio rotundo en la jurisprudencia al interpretar correctamente el alcance del artículo 43 e incluso del 36 sobre el valor estratégico del periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción”, dijo el profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.

El artículo 43 dice que «no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística» y el 36, que “atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

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