Mié. Dic 2nd, 2020

Ex titular de la UIF a PyP: «No hay dudas que existió una asociación ilícita que gobernó el país para saquear el Estado en beneficio propio»

Mientras se define quién será el próximo Presidente de los Estados Unidos, desde aquel país, Mariano Federici atiende a Periodismo y Punto en una extensa entrevista en la que repasó su gestión al frente de la Unidad de Información Financiera y su visión de lo que está pasando actualmente en la Argentina. Asegura que está probado que Lázaro Báez lavó dinero en nuestro país y que era el testaferro de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Concluye que el destino de los argentinos fue manejado por una asociación ilícita dirigida desde las altas esferas del poder político y que hoy buscan impunidad. Federici es uno de los objetivos de la actual Vicepresidenta que busca vengarse de sus denunciantes y de los que osaron investigarla ¿Lo logrará?

¿Cuál es su balance de los cuatro años al frente de la UIF¿ Qué cree que faltó?

Considero que fue una gestión exitosa porque encontramos una UIF destruida, la falta de confianza y sin vínculos con otros países y organismos de control de otros países. Tuvimos ese punto de partida y encaramos un trabajo desde el subsuelo para recomponer vínculos y relaciones. Nuestros objetivos estaban basados en los análisis internos que indicaban los riesgos que tenía nuestro país, principalmente, el financiamiento del terrorismo, el narcotráfico y el lavado por la corrupción. Hicimos aportes en las tres causas. Contribuimos con material financiero y logramos posicionarnos como querellantes en las principales causas judiciales y con condenas que fijaron precedentes nuevos en el monto que se aplicó en las penas. Se aplicaron más condenas por lavado de activo que lo que venía sucediendo. En materia de corrupción, pasó lo mismo. Le dimos impulso a investigaciones penales que estaban frenadas producto de la falta de compromiso político del gobierno anterior a Cambiemos que no colaboraban con las investigaciones, es más, obstruían y presionaban a los jueces. Todo eso destrabamos. Los jueces se sintieron más libres para trabajar y la comunidad internacional, a partir de la confianza, aportó mucha información y le dio impulso a causas fundamentales por lo que se construyó la etapa investigativa. No logramos llegar a las sentencias porque los tiempos de la justicia son lentos. Pero muchos de los funcionarios comprometidos están sintiendo la presión -en el buen sentido- que las pruebas son sólidas y, ante la desesperación, recurren a lo que estamos viendo. El plan de impunidad es para desarticular todo eso.

Hay dos posturas sobre la justicia y la relación del gobierno de Cambiemos. ¿Ustedes perseguían opositores como asegura que hicieron Cristina y Alberto o permitieron que la actual Vicepresidenta no terminase presa como cree Elisa Carrió?

LA UIF es una unidad autónoma y autárquica por ley por estándar internacional. Esa es la primer regla que quisimos respetar pues no pasaba en el pasado. Evitamos la intromisión indebida de la política dentro del organismo. No estaba en la famosa Mesa Judicial sobre la discusión de causas judiciales. También desconozco si esa Mesa existía sobre eso, a mí entender, se ocupaba de otros aspectos sobre el rol administrativo del Ministerio de Justicia. Ningún integrante de la Mesa era querellante ni tenía posibilidad de incidir en las causas. Nosotros sí aportamos información que se convirtió luego en prueba. Fue de un tenor técnico. La prueba era contundente. Eso es lo que pone nerviosos a los imputados que están siendo juzgados. Nuestras fuentes eran sujetos obligados por ley que reportan operaciones sospechosas que van de bancos, casinos, contadores y las UIF de otros países del mundo.

Pero Cristina insiste en que la perseguían…

(…) Fuimos premiados por la elección de la UIF de nuestro país en los principales ámbitos mundiales. Fui Presidente del Grupo GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional- y titular del Grupo Egmont que nuclea a las 168 UIF del mundo y nos votaron por unanimidad. No ocurre sino hay confianza.

¿Podría ocurrir con Carlos Cruz -actual titular de la UIF K?

La confianza que supimos construir se derrumbó en poco tiempo. Pasó por falta de conocimiento que llegó a violar normas que son la base de confianza como la autonomía. Hoy la UIF está intervenida por la política. Volvieron al pasado. Eso derrumba todo. Por eso creo que no lo veo… La confianza se basa en la credibilidad que se genera en el compromiso a cumplir con la legalidad con la ley argentina o los estándares internacionales. Te dan información financiera de sus ciudadanos si saben que buscarás la verdad y no política con eso.

¿Descarta entonces que se hayan perseguido opositores desde la UIF?

¡Por favor! Eso es una falacia absoluta. Lo que sí hicimos fue aportar información. Es un círculo virtuoso. Cuando ganas confianza, te llega la información que se convierte en prueba. Hoy se tienen que defender de eso.

¿Qué fue lo más escandaloso que encontró en su gestión?

Son muchísimas cosas. Lo que la prueba en diferentes causas revela con total claridad es que existió en la Argentina una verdadera asociación ilícita lideraba por Néstor y Cristina Kirchner tendiente a saquear al Estado argentino para beneficio propio. Eso es lo escandaloso. Gobernaron el país como una cleptocracia.

¿Cuándo asumió su cargo qué encontró?

La UIF estaba patas para arriba. Había empleados que no cumplían los requisitos legales para sus puestos. Tuvimos que desplazarlos porque estaban ubicados para hacer políticos. Muchos se fueron solitos. Otros los invitamos a irse. No tuvimos problemas judiciales porque no reunían los requisitos para integrar la Unidad. Ingresamos con 20 a 25 personas en una Unidad de 250 personas y la mayoría había sido designada por gestiones anteriores. La mayoría eran técnicos que querían trabajar bien. Para hablar de política nos tomábamos un café afuera. Acá teníamos que trabajar en serio.

En la próximo entrega de la entrevista exclusiva con Mariano Federici, ex titular de la UIF, el funcionario responderá sobre Lázaro Báez y el Plan de Impunidad y Venganza orquestado durante el cuarto gobierno kirchnerista.

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