Sáb. Sep 26th, 2020

El escrache a Lázaro Báez, daño colateral del desmantelamiento de la inteligencia penitenciaria

En junio, la interventora del SPF suspendió al personal encargado de prever situaciones como la que se vivió en Pilar y cerró su central. Por qué.

«¿A nadie se le ocurrió que esto podía pasar?», fue una de las preguntas más escuchadas anoche, mientras los canales de noticias transmitían la violenta resistencia de los vecinos de Ayres del Pilar al desembarco de Lázaro Báez. Algunos apuntaron contra la Justicia, otros contra la Policía Bonaerense. Sin embargo, la respuesta no está ahí sino en el desmantelamiento de la inteligencia penitenciaria.

¿Por qué? Según la Disposición Nº 388/19, publicada en el Boletín Público Nº 700 del SPF, se indica que entre las funciones de la Dirección Principal de Análisis de la Información está el «proveer sistemáticamente información calificada (…) en función de hechos, amenazas, riesgos o conflictos, a fin de brindar el asesoramiento oportuno para la toma de decisiones sensibles al orden y asegurar a la seguridad institucional».

Pero, a partir de la imputación de su ex jefe, Cristian Suriano, en la causa por espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora, el área fue desactivada por la interventora María Laura Garrigós de Rébori. El primer paso lo dio el 18 de junio, mediante una disposición en la que dispuso la suspensión preventiva de los 76 agentes que prestaban servicio en la central de la Dirección, ubicada avenida Varela 266. El «Área 50».

En esa misma resolución, la ex jueza dispuso también las suspensiones de Suriano y los otros penitenciarios imputados en la causa que lleva el juez federal Juan Pablo Augé: Miguel Perrotta (jefe de Asuntos Internos) y el abogado Fernando Carra, quien era asesor del ex director nacional Emiliano Blanco y fue acusado de ser una suerte de «ablandador» de presos K con el fin de forzar su arrepentimiento en causas por corrupción.

Pero eso no fue todo. En su artículo 3º, la disposición firmada por Garrigós de Rébori estableció «el cierre transitorio de la sede central de la Dirección Principal de Análisis de la Información (…) a los fines de garantizar la preservación de los elementos existentes en el citado organismo».

El segundo paso, en este sentido, fue la creación -mediante la la Disposición Nº 29/2020, del 20 de julio- de una Sección de Coordinación Operativa, en el ámbito de Dirección General de Régimen Correccional, con el fin de «satisfacer las necesidades de información calificada y operativa que coadyuve a la toma de decisiones, tendientes a alcanzar una correcta clasificación y categorización de las personas privadas de la libertad».

Para ello, Garrigós instruyó a los establecimientos penitenciarios federales a brindar «espacios físicos, donde efectivamente tendrán asiento las bases de información de la población penal» -el equivalente a las delegaciones del Área 50, donde, por ejemplo, trabajaba el testigo de reservado que denunció el supuesto espionaje a los presos K- y «a la Dirección General de Régimen Correccional a proponer a la Dirección General del Cuerpo Penitenciario, la designación de los funcionarios integrantes de la base de información de la población penal, en cada establecimiento».

Según pudo saber PyP, las tareas que hasta hace unos meses realizaban los agentes de inteligencia penitenciaria recayeron en personal ajeno a la materia que depende del director Juan Carlos Lafuente (Régimen Correccional). La semana pasada, el penitenciario fue citado por la CBI para contestar sobre el supuesto espionaje a los presos K, pero no aportó demasiada información.

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