Jue. Oct 22nd, 2020

De la opulenta a la Polenta

El abogado acaba de publicar «Publicidad oficial en Argentina».

La Ciudad de Buenos Aires tomó la sabia decisión de llevar a la Corte Suprema el conflicto derivado de la quita de coparticipación dispuesta por decreto presidencial. No obstante ello, no es esa la única restricción que le impone el Estado Nacional. El distrito gobernado por Rodríguez Larreta, “la opulenta”, según dichos del Señor de los Decretos, padece también restricciones que comparte con las distintas provincias de nuestra defectuosa federación.

En algunos casos, el gobierno de CABA ha logrado eludir lo que ocurre en algunas provincias de nuestro país. En efecto, la Ciudad no realiza la aplicación salvaje de los DNU dictados por Alberto Fernández. En el distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, las manifestaciones públicas no se judicializan, no se persigue a periodistas, y no ha habido muertos ni desaparecidos como consecuencia de desvíos de poder en la aplicación de la cuarentena.

En el distrito porteño, gobierno local mediante, la infectadura mutó a infectablanda, pero luego de seis meses, hasta el autoritarismo de baja intensidad sigue siendo demasiado.

En materia educativa, Rodríguez Larreta está empecinado en lograr que el gobierno federal le apruebe un protocolo para que las escuelas acojan a los niños con dificultades de acceso a las clases virtuales, y participen del zoom desde edificio escolar. Es poco ambicioso este reclamo, que nada tiene que ver con la educación presencial, y que ya fue rechazado y probablemente siga siendo rechazado por la Nación. Los niños y sus familias requieren de un horizonte, de un plan gradual de vuelta a clases presenciales, y necesitan tenerlo ya.

La Constitución Nacional, en su artículo quinto, obliga al gobierno federal a garantizar la autonomía de los estados locales, en la medida en que éstos, a su vez, garanticen la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria.

Es claro: sin educación primaria no debiera haber autonomía de los estados locales. De ello se deriva que la educación primaria nunca podría ser restringida por una decisión del gobierno federal, por la sencilla razón de que los estados locales están obligados a garantizarla por sí mismos. En consecuencia, sólo estos últimos son quienes tienen la capacidad de limitarla en circunstancias excepcionales. Porque si así no fuera, no tendrían derecho a ser autónomos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires debiera avanzar con la vuelta gradual a clases, invocando su autonomía, con la convicción de que los derechos que no se utilizan se pierden, y con la certeza de que la educación no es cualquier derecho.

Los porteños nos jugamos en la Corte el actual sustento económico del distrito. Pero deberíamos asumir que el sustento económico del futuro se juega en las aulas, y que no poner freno a la avanzada de la ignorancia nos llevaría, sin escalas, de “la opulenta” a la polenta.

*El autor es abogado y litigante en representación de la Fundación Apolo en el amparo iniciado en la Justicia de CABA reclamando la vuelta de las clases presenciales. 

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