Mar. Nov 24th, 2020

Meter preso a un periodista para desaparecer los hechos

Cristina Kirchner aceleró el accionar del Ministerio de la Venganza.

A las 17.58 del 25 de octubre de 2015, el zócalo de C5N se iluminó con el título «Scioli ganó por amplio margen». No habían terminado las elecciones presidenciales pero los conductores del canal de Cristóbal López y Fabián De Souza anunciaban que Scioli era el próximo Presidente de la Argentina. Allí estaban varios de los exponentes que hoy señalan con el dedo acusador a colegas como Luis Majul, Jorge Lanata o Nicolás Wiñazki calificándolos como «operadores» o parte de «grupo de tareas del espionaje». Desde ya, no lo hacían gratis ayer, cuando te tomaban por boludo ni ahora cuando hacen macartismo desde el aparato estatal.

Ese 25 de octubre, otro «periodista» llegó a explicar la victoria de Scioli por la abrumadora ventaja que había obtenido Aníbal Fernández sobre María Eugenia Vidal. ¿Sabía que estaba mintiendo o repetía como un «loro» el «pescado podrido» que le vendían sus patrones? Roberto Navarro, un ignoto desconocido en los primeros años del kirchnerismo, se terminaría convirtiendo en un gran recaudador de pauta publicitaria sumando $8.300.000 en los últimos dos años de gestión kirchnerista según los informes oficiales de Jefatura de Gabinete. Ningún fanático K trabaja gratis.

Luis Majul realizó una editorial, durante el año 2018, en el que denunció quiénes y cómo habían pegado afiches escrachando a su familia en la vía pública. El hecho era escandaloso. Un sindicato, en este caso de camioneros, amenazaba a un periodista con una campaña publicitaria en las calles con los fondos de sus trabajadores. El hecho existió.

No se juzga a un periodista por la manera en que consiguió la información o quién se la suministró sino por la veracidad de los hechos publicados. Hace tiempo que muchos colegas perdieron la brújula. Deberían regresar a la escuela de periodismo o quitarse de encima la mochila de recelos o supuesta ideología. ¿Sabrán que sucedió en el WaterGate?

El gremio periodístico, por momentos, parece una verdadera hoguera de las vanidades.

A comienzos de este año, una publicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, colocó en tapa un Luis Majul pegándose un tiro. La imagen es una expresión del deseado futuro. Hoy es realidad. Majul está sufriendo el escarmiento por el que pasó el fiscal Alberto Nisman antes de su extraña muerte. A Majul le están saliendo «con los tapones de punta». Lo quieren quebrar como anticipó un panelista de un servicial programa televisivo. «Esto se va a poner bueno cuando Majul empiece a cantar»…

Otros de los protagonistas de aquella portada de «estudiantes de periodismo» cambiaron su discurso y hoy hacen un oficialismo light. Se dieron cuenta cuál es el camino de lo políticamente correcto. Hay queridos colegas que no tienen la suficiente espalda para bancar la parada. Prefieren hacer periodismo crítico de un gobierno cuando dejó el poder. Son denunciantes de Cristina Kirchner en el 2016 y de Mauricio Macri en el 2020.

Los que señalan con el dedo a Majul deberían preguntarse qué dijeron de corridas bancarias que nunca sucedieron, de adelantamientos de elecciones que el FMI nunca propuso, de desapariciones forzadas que nunca se produjeron o de testigos truchos que la justicia terminó imputando y presentaban en televisión como «la verdad». ¿Era bad information u operación?

¿Quién pasará información a esos «colegas» que aseguran contar con datos exactos de un expediente judicial en secreto de sumario? ¿Los están operando los querellantes como el singular abogado Daniel Llermanos, por orden de la familia Moyano, o tratan de marcarle la cancha al juez Federico Villena por orden de la Jefa del Ministerio de la Venganza?

En Dolores, un juez validó a supuestas víctimas que decían que Daniel Santoro anticipaba detenciones en televisión. Eso sí, los hechos existían. La corrupción no fue un invento. Pero los victimarios se convirtieron en víctimas en el juzgado de Alejo Ramos Padilla. Si D´alessio y Santoro -según ellos eran una organización criminal- ¿qué serían el aparato comunicacional K, los abogados «caranchos», los funcionarios del gobierno que reproducen el Puf, un juez que busca la redención, la vice vengativa y el Presidente testigo que habla de Lawfare?

La mafia resistió cuatro años y, tras las elecciones legislativas del 2017, comenzó a delinear el plan para voltear las causas de la corrupción con el barro del Puf. Hoy, esa asociación ilícita gobierna el país. No es tan difícil de comprender. En las películas, los delincuentes callan testigos, silencian periodistas y aprietan a sus denunciantes. En la Argentina, la realidad supera a la ficción.

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