mié. Ago 5th, 2020

Las tres medidas de prueba que pide un fiscal para determinar si el jefe de la Oficina Anticorrupción es parte de un plan de impunidad K

El planteo se da en el marco de la causa iniciada contra Félix Crous, a partir de su decisión de retirar las querellas del organismo en las causas contra Cristina Kirchner.

A mediados de mayo, la Oficina Anticorrupción renunció a su rol de querellante en los casos Los Sauces y Hotesur. Razón por la que su titular, Félix Crous, terminó siendo imputado por el fiscal federal Carlos Stornelli a partir de una denuncia presentada por diputados opositores bajo la sospecha de que faltó “a las obligaciones de su cargo, con el único y evidente objeto de beneficiar a los allí imputados”. Hoy, hubo novedades.

Según pudo saber PeriodismoyPunto, el fiscal decidió solicitar una batería de pruebas para avanzar en la investigación que busca determinar si el retiro de las querellas obedeció a una decisión unipersonal de Crous o si la maniobra forma parte de “un plan de encubrimiento de delitos graves cometidos durante el gobierno de Cristina Kirchner hasta el 2015”, como también denunció la abogada Silvina Martínez.

En el escrito al que accedió este portal, Stornelli planteó cómo y por qué un funcionario público renunció a ejercer las funciones por las que fue nombrado: combatir la corrupción y denunciarla. Y basado en la presentación realizada por Martínez, ex abogada de Margarita Stolbizer y referente de la ONG Observatorio Ciudadano de Transparencia e Integridad, solicitó:

  1. Para saber si existe un plan de impunidad: “Se recaben los actos administrativos relacionados con los nombramientos de los funcionarios públicos mencionados -Carlos Zannini, Juan
    Martin Mena, Horacio Cesar Pietragalla Corti, Felix Crous, y Ricardo Nissen- en los cargos que detentaran a partir del 10 de diciembre de 2019; como así los expedientes en cuyo marco se emitieran dichos actos de designación, o en su defecto copia íntegra y certificada de los mismos;
  2. Se certifique si Zannini y Mena se encuentran imputados en la causa que se sindica en la ampliación de la denuncia y en su caso se establezca el estado de sus situaciones procesales. Asimismo, se determine si en causas en las que se tramitaran contra Ricardo Jaime y Martín Baez –en cuyo marco se encuentren detenidos- fue promovida presentación alguna por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respecto de los mismos desde el 10 de diciembre de 2019 en adelante, en cuyo caso requiérase la remisión de copia certificada de las misma y de cuanto se hubiera proveído al respecto.
  3. Se presente esa orden a la Procuración del Tesoro de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y a la Inspección General de Justicia.

El supuesto Lawfare y la persecución política se debe demostrar más allá de enunciar como estrategia argumentativa para evitar dar respuestas del aumento patrimonial, de las asociaciones ilícitas diseñadas desde el Estado para delinquir y en la toma arbitraria de decisiones políticas que chocan contra el Código Penal. Las medidas ya están dando que hablar en Comodoro Py y entre los abogados de los funcionarios mencionados.

Apoyá a los que luchamos por el derecho a la verdad. En los medios financiados por el poder, difícilmente la encuentres. Hace click acá, y suscribite a PyP.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *