mié. Ago 5th, 2020

Espionaje M. El ex director de Jurídicos se desligó del caso Patria y disparó contra el agente Coste

Se trata de Juan Sebastián De Stéfano, quien este martes se presentó ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. En exclusiva, los detalles de su declaración.

Acusado por el ex director operacional de Contrainteligencia y actual agente de la AFI, Martín Coste, de ser quien dio letra para la confección de un informe falso que buscaba justificar las tareas de vigilancia sobre el Instituto Patria en 2018, Juan Sebastián De Stéfano, se presentó este martes por la tarde ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para rendir cuentas.

Cercano al ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y flamante director de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), De Stéfano asistió luego de haber rechazado la primera convocatoria de la Bicameral prevista para el pasado jueves. Durante su descargo, leyó un escrito de 7 páginas -al que PeriodismoyPunto accedió- en el que rechazó las acusaciones, repasó los hechos y devolvió gentilezas a Coste. Las preguntas, las dejó para la Justicia.

En este sentido, el ex funcionario planteó ante la comisión que preside el diputado ultrakirchnerista Leopoldo Moreau: “Disiento de que las investigaciones que tramitan en sede jurisdiccional de ningún modo podrían verse afectadas por mi comparecencia ante esta Comisión, y hago reservas de que mi presencia aquí vulnera las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

De Stéfano se ocupó de aclarar, de entrada, que su tarea como Director Administrativo de Asuntos Jurídicos era “netamente consultiva, de asesoramiento, dictamen u opinión en relación con los asuntos con potenciales derivaciones jurídicas” y que de él dependían “distintas áreas”, entra las que destacó a la de “Asuntos Judiciales”, que -según dijo- tenía como misión “supervisar las respuestas a los oficios judiciales que se elaboraban ‘materialmente’ en las áreas operacionales y hacer el seguimiento de las causas en las que el organismo se había presentado como parte”. “Es a través de las funciones de dicha Dirección, entonces a cargo del Dr. José M. Padilla, que se oficiaba de enlace entre los tribunales y las áreas que trabajaban los asuntos correspondientes”, agregó.

En este sentido, recordó que cuando “a mediados de octubre de 2018” llegó un requerimiento del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por una causa abierta a partir de las denuncias presentadas por la senadora Anabel Fernández Sagasti y Oscar Parrilli por espionaje ilegal a Cristina Kirchner, que invocaban la presencia de un vehículo de la AFI en las inmediaciones del Instituto Patria, la dirección de Asuntos Judiciales “dio intervención a las áreas operacionales con posible incumbencia en la materia”. Se trataba de Inteligencia sobre Terrorismo y Contrainteligencia.

Entonces, fue Contrainteligencia -a cargo de Martín Coste- la que aportó “datos positivos sobre el particular” a Padilla, quien en base a su informe contestó a Martínez de Giorgi el 2 de noviembre de 2018 que “el vehículo era de la AFI y que la presencia de los agentes en las inmediaciones del Instituto Patria se habían realizado en el marco de las tareas ordenadas en la Causa Nro. 82.441/17”, que instruía el juez federal Federico Villena.

Se trata del expediente que la AFI impulsó en octubre de 2017, en la previa a tres eventos de importancia y repercusión mundial que se realizarían en el país (la reunión anual de la OMC, en diciembre de 2017; los Juegos Olímpicos de la Juventud, en octubre de 2018; y la cumbre del G-20, en noviembre de 2018), a partir de un informe de la Dirección Operacional de Contrainteligencia -que entonces tenía a su cargo las tareas de contraterrorismo-, donde se advertía “sobre la probable existencia de episodios de corte terrorista y/o atentatorios contra el orden constitucional y la seguridad interior con probable epicentro en Ezeiza (aeropuerto), alertándose sobre la probable acción de grupos antisistémicos”.

A los efectos de adaptarse “a la naturaleza y complejidad de estas tareas”, la orgánica de la AFI fue reformulada en diciembre de 2017 y “las funciones sobre terrorismo fueron separadas de la Dirección Operacional de Contrainteligencia”, a la que se le agregaron “funciones relativas a la inteligencia sobre los delitos contra el Orden Constitucional y aquellos que versaran sobre Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos”. De esta manera, las cuestiones investigadas en la causa 82.441/17 -explicó De Stéfano- quedaron bajo la órbita de Contrainteligencia y la flamante Dirección Operacional de Inteligencia sobre Terrorismo, que quedó a cargo de Darío Biorci.

El ex funcionario recordó también que cuando el juez Villena le encomendó a la AFI “la realización de amplias tareas a fin de corroborar o descartar los extremos denunciados por el organismo”, el área de Jurídicos remitió el oficio a Contrainteligencia “para que lo trabajara”. Y confió que, durante la tramitación de la causa, hubo presentación “continua de informes y requerimientos por parte de la AFI y diversas comunicaciones, destacándose por otra parte, la participación tanto del Juez como de los
sucesivos fiscales intervinientes en todo el proceso”.

Asimismo, el ex director enfatizó que “Jurídicos se ocupó de canalizar los oficios a las áreas para que prepararan los informes efectuando una compulsa formal y atendiendo a los vencimientos de los plazos” y que “el Juzgado Federal de Lomas de Zamora recibía los pedidos y los informes y accedía o no a las medidas sugeridas por la AFI, según su criterio jurídico/técnico”. “He de destacar que no todos los pedidos realizados por la AFI eran concedidos por el Juzgado”, señaló.

En este sentido, De Stéfano apuntó que “los informes y presentaciones efectuadas en el marco de la Causa 82.441/2017, que hoy en día, una Fiscal Federal reputa como supuestamente falsos ideológicamente, fueron girados por las áreas operacionales que trabajaron la Causa y en base a la información y acciones que ellos mismos produjeron en el seno de su área y bajo la órbita de su exclusiva incumbencia”. “Los informes fueron enviados a la causa tal como fueron confeccionados por el área operacional que tenía a su cargo las tareas ordenadas por el juez”, completó.

Por otro lado, el ex director aseguró que en Jurídicos “no sabíamos ni conocíamos como los agentes operacionales llevaban adelante las medidas ordenadas por el Juez, entiéndase que estábamos en una Agencia Federal de Inteligencia, la cual se rige por compartimentos estancos” y apuntó contra Coste. “No recibió instrucción alguna para responder el oficio que señala, si así hubiese sido estaba en la obligación de denunciar la irregularidad por ante cualquiera de los canales que se encontraban a su disposición (Asuntos Internos, Sumarios, la Subdirectora General, el Director General, la Comisión Bicameral, la Justicia…)”, afirmó.

Pero eso no fue todo. En sintonía con lo planteado por el ex espía Alan Ruiz ante la justicia federal de Lomas de Zamora, De Stéfano planteó: “Todo hace presuponer que el Director de Contrainteligencia supo de la operaciones y acciones ejercidas porque (i) las dispuso (ii) las conocía o debería conocer (iii) cuando se las informaron por escrito no sancionó al que las llevó a cabo (iv) las comunicó a sus superiores cuando se lo requirieron; (v) se las comunicó a Jurídicos por escrito para que se diera respuesta al oficio del Juez Martinez Di Giorgi”.

En relación a su vinculación con el caso Instituto Patria, en tanto, De Stéfano señaló que su única misión fue redactar junto al director de Asuntos Legales y Técnicos, Hernán Martiré, la nota con la que los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, respondieron a la Bicameral de Inteligencia cuando estalló el escándalo.

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