mar. Jul 7th, 2020

Servicio Penitenciario Federal. La historia detrás de la intervención

La calidad de vida de los presos no es lo que preocupa a los Fernández sino el control de las comunicaciones teléfonicas del SPF. Por qué.

Tras la revelación de supuestos lazos entre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la banda de espionaje ilegal que investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, el presidente Alberto Fernández decidió intervenir el SPF. Envuelto en presiones insoportables, dos semanas atrás había dejado su cargo su titular: Emiliano Blanco, un sobreviviente del gobierno de Mauricio Macri. En las semanas previas, en la cárcel de Devoto se vivieron escenas dantescas con motines que terminaron en un pacto firmado entre los reclusos y el secretario de Justicia Juan Martín Mena.

Según fuentes consultadas por PyP, lo que le preocupa al Gobierno no es la calidad de vida de los presos sino el control de las comunicaciones telefónicas entre abogados, presos, familiares y algunos detenidos VIP con causas de corrupción. La vicepresidenta Cristina Kirchner quiere el control absoluto de la información. Su teoría del espejo la lleva a ver fantasmas en todos lados. Teme que, cuando la pandemia termine y la crisis económica sea indisimulable, afloren los escándalos por corrupción y los desmanejos de la cosa pública. Hay que cerrar todos los grifos de información.

Justicia Legítima al frente de la Intervención del SPF.

Curiosamente, el mismo juez que investiga la causa que salpica al ex presidente Macri es el que abrió esa puerta que Cristina desea cerrar. Villena fue quien autorizó -como contó este portalla intervención de un teléfono en Ezeiza entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, en el marco de una causa por narcotráfico, que terminó derivando en el hallazgo del conocido “Operativo Puf” que protagonizaron los detenidos Roberto Baratta, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Souza, Juan Pablo Schiavi y algunos políticos de renombre, en libertad, como el actual diputado nacional Eduardo Valdés.

Seguramente, si el ex juez Claudio Bonadio estuviese vivo sería el escándalo del 2020 pues desnuda la forma en que los K arman causas judiciales. Pero no es el caso. Y por eso, los Fernández ahora buscan -con esta intervención- tapar lo que hicieron mientras denuncian al macrismo.

¿Qué pasará el día en que alguien se anime a contar realmente qué hay en la causa de Dolores? ¿Se animará un periodista a contar toda esa historia? Cristina quiere vengarse de Luis Majul por haber difundido sus escuchas legales con Oscar Parrilli. También quiere clausurar el “Puf”.

En los próximos días, María Laura Garrigós de Rébori, creadora de Justicia Legítima y flamante interventora del SPF, presentará -como lo hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño- rimbombantes denuncias contra el gobierno anterior. La intervención es un paso más, no el último.

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