Dom. Nov 22nd, 2020

Abandono de las querellas contra Cristina: el plan de desmantelamiento de la Oficina Anticorrupción

La decisión de la Oficina Anticorrupción de apartarse de las querellas contra Cristina Fernández de Kirchner ha sido el hecho más notorio que evidencia el sometimiento de dicho organismo al Poder Ejecutivo Nacional y a la Vicepresidente de la Nación. Sin embargo, no fue el único.

Ya hemos sostenido en este portal que el decreto firmado por Alberto Fernández, por el cual se pretende otorgar independencia al organismo conducido por Félix Crous, carece de eficacia para dicha finalidad. En efecto, sigue siendo el Presidente quien remueve y designa al titular de la Oficina Anticorrupción por mera decisión política. Y sigue siendo el Presidente quien tiene facultades para modificar por decreto toda la estructura del organismo. En este contexto, la proclamada independencia es ilusoria.

En definitiva, la autonomía de este organismo se alcanzará cuando se sancione una ley que garantice la independencia funcional del organismo. Lamentablemente, las iniciativas parlamentarias, en ese sentido, duermen ocultas tras las pantallas del Congreso.

Cualquiera que ingrese a la página web podrá advertir que la última resolución en materia de ética pública y conflictos de intereses data del 8 de noviembre de 2019 y lleva la firma de Laura Alonso, la anterior titular del organismo. Si tenemos en cuenta que la ley de acceso a la información pública obliga a las entidades estatales a publicar sus resoluciones en la web, estamos en condiciones de inferir que la nueva gestión no ha dictado resoluciones de este tipo. Y podemos afirmar también que, de haberlas dictado, se estaría vulnerando el derecho de la ciudadanía a conocer las decisiones de los organismos públicos.

Sólo para establecer una comparación de la actual gestión con la de Laura Alonso, cabe recordar que la funcionaria macrista, aún con serias dificultades para mantener su independencia, dictó resoluciones en materia de ética pública y conflictos de intereses, cuestionando la actuación de Ministros como Aranguren, Triaca, Etchevehere, quienes debieron acatar sus decisiones. Más aún, en una oportunidad llegó a cuestionar un spot publicitario en el que aparecía el propio Mauricio Macri, ya que no se ajustaba a las normas de publicidad oficial.

Asimismo, si bien fue muy cuestionable que Laura Alonso impulsara causas penales sólo contra ex funcionarios del kirchnerismo, omitiendo hacerlo contra funcionarios de Macri, nos encontramos ahora en una situación aún peor: no se persigue penalmente ni a corruptos propios ni a corruptos extraños.

Asimismo, Félix Crous ha estado evitando la convocatoria al Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de las Iniciativas Incorporadas al Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023”, creado a fines del año pasado, durante la gestión de Laura Alonso.

Los miembros “ad honorem” de este Consejo, que debiera funcionar en el ámbito de la Oficina Anticorrupción, fueron designados a través de una convocatoria amplia a distintas organizaciones de la sociedad civil y expertos, quienes pasaron por un procedimiento que permitía el planteo de observaciones a los postulantes, por parte de cualquier ciudadano. Más aún, una vez efectuadas las designaciones, no hubo impugnación alguna por parte de los aspirantes no seleccionados.

Este medio periodístico, en aquel entonces, publicó una nota exponiendo que uno de los postulantes había ejercido dos cargos públicos al mismo tiempo. Acto seguido, su postulación fue rechazada por Laura Alonso.

La semana pasada, Félix Crous envió una nota a todos los miembros de este organismo asesor,  explicando la necesidad de “reconfigurar” el Consejo para que represente “cabalmente” a todos los sectores, así como la diversidad federal y de género. Pero sus dichos, aunque cuestionables en sí mismos, no explican por qué motivo no puede funcionar el Consejo a la vez que se planifica su “reconfiguración”. Sin lugar a dudas, estamos ante una excusa para no convocarlo, y para que este organismo de control continúe encerrado sobre sí mismo, sin la mirada de la sociedad sobre el desarrollo del área.

La renuncia a querellar a Cristina Fernández de Kirchner no es más que la punta del iceberg de un proceso iniciado para desmantelar los avances alcanzados por la Oficina Anticorrupción, durante la gestión anterior. Avances que siempre tuvieron como límite la falta de independencia del organismo, pero que fueron significativos, si tenemos en cuenta el deplorable funcionamiento del ente durante la anterior etapa kirchnerista.

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