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Polémica. Desarrollo Social compró alimentos de segundas marcas a precios más caros que los de primeras

El Ministerio de Desarrollo Social quedó en el ojo de la tormenta, luego de que, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, realizara compras masivas de alimentos para asistir a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Según siete resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial, el precio que el Estado nacional pagó por los productos (aceite, leche, azúcar, fideos, lentejas y harina) fue hasta un 51 por ciento más alto que el que pagan los consumidores por primeras marcas en grandes cadenas de supermercados.

En las resoluciones aparecen los precios por unidad que se pagaron por esos productos. Y a pesar de tratarse de una compra de gran volumen y de segundas marcas, los pagado resultó más caro que lo que puede pagar un particular en una de las principales cadenas por primeras marcas.

Algunos casos

La respuesta oficial

En declaraciones a TN y C5N, el ministro Daniel Arroyo explicó sobre la polémica: «Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos…leche, azúcar, fideos, lentejas y harina. La Sigen establece los precios testigos y se convocaron a once proveedores de alimentos y a diez proveedores de leche. Y enseguida agregó: «La compra es por kilo, el paquete es por medio kilo. La Sigen no establece el tema de la logística».

Sin embargo, en el Ministerio, reconocieron que se pagó por encima de los Precios Máximos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo mediante un comunicado que en la mañana de hoy cursaron a los medios, consignó lanacion.com.

En los casos de aceite y azúcar, los proveedores cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora de precio. Las ofertas posteriores siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra de todas formas.

En paralelo, desde la cartera, señalaron que hay precios de referencia establecidos y que el Estado paga a 90 o 120 días en muchos casos.

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