jue. Jul 9th, 2020

No sólo la salud es prioridad

En medio de la crisis sanitaria y económica, el Gobierno presentó un pedido ante la Justicia para que Ricaro Jaime sea beneficiado con la prisión domiciliaria.

A pesar de la pandemia de Coronavirus (COVID-19), la salud no es la única prioridad que tiene el Gobierno. También trabaja para garantizar la impunidad de los ex funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner que cometieron delitos de corrupción.

Así lo dejó en claro el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien el último jueves se presentó ante la Justicia para solicitar que se le conceda el arresto domiciliario a Ricardo Jaime por la pandemia. Corrupto confeso, el ex secretario de Transporte está preso desde 2016.

En su planteo, Pietragalla compara el caso de Jaime con el de Milagro Sala. Curioso, si se tiene en cuenta que para el presidente Alberto Fernández no hay “presos políticos” en Argentina sino “detenciones arbitrarias”. Y el caso de Jaime no estaría aplicando como tal. Es que el ex funcionario K no sólo fue condenado en varios casos de corrupción, como el de la Tragedia de Once, sino que también reconoció -dos veces- haber sido un corrupto.

En 2015, lo hizo para pactar una pena de un año y medio de prisión en suspenso en un juicio abreviado por el delito de dádivas. En 2018, acordó una condena de cuatro años de prisión, una multa por $ 12,7 millones y el decomiso de un barco, seis inmuebles y dos autos para evitar el juicio oral y público en cuatro causas: dos por malversación de fondos, una por enriquecimiento ilícito y la otra por corrupción en el Belgrano Cargas.

Por donde se lo mire, el planteo formulado por el secretario de Derechos Humanos resulta escandaloso. Y vuelve a poner en duda el liderazgo de Alberto, quien el día en que Jaime cayó preso afirmó que el ex secretario de Transporte “era un hombre que se movía con mucha autonomía”.

Quienes conocemos al Presidente sabemos que él no duda de que Jaime haya robado. Sin embargo, pareciera que éste tipo de pedidos son el precio que debe pagar por ser el sapo más grande que el kirchnerismo duro haya tenido que tragar. Garantizar la impunidad es su parte del trato.

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