lun. Feb 17th, 2020

Las trampas del “AntiNegacionismo”

Alberto Fernández ha manifestado su interés por impulsar una ley que penalice el “negacionismo” de los crímenes de la última dictadura militar, tomando como punto de partida las legislaciones europeas que hoy sancionan el negacionismo del Holocausto judío.

Sin perjuicio de las diferencias existentes en ambos procesos históricos, el principal argumento para aplicar una norma de este tipo en Argentina es que, al igual que lo que ocurre con los sobrevivientes del Holocausto, quienes padecieron y sobrevivieron a los crímenes de la dictadura militar, sufren por las expresiones que niegan, relativizan o subestiman la tragedia que los afectó.

Ahora bien, no todas las sociedades civilizadas han optado por el camino de la persecución penal del negacionismo. Y no porque no se comprenda la cuestión del sufrimiento de los sobrevivientes y sus familiares. Sino porque se ha privilegiado, ante todo, la libertad de expresión.

No obstante ello, si Argentina eligiera el camino de impulsar una ley anti-negacionismo debería existir acuerdo respecto de algunos puntos sobre los cuales no parece existir  consenso. Deberían ponerse blanco sobre negro, cuáles son los hechos acreditados, cuya negación daría lugar a una sanción.

Sobre la existencia de un plan sistemático de secuestro y asesinato de personas, no pareciera haber desacuerdos. El Juicio a las Juntas fue determinante, al respecto.

Ahora bien, Argentina discute el número de víctimas del terrorismo de Estado. Grupos fanatizados que se creen dueños y únicos intérpretes de la causa de los DDHH, consideran “negacionista” a todo aquel que dude de la cifra de 30.000 desaparecidos.

La realidad es que no hay elemento histórico alguno que abone esa cantidad. Por el contrario, Argentina cuenta con datos oficiales recabados desde la restauración democrática a la fecha, que arrojan un número sensiblemente menor.

Aun así, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires votó una ley que obliga a sostener la existencia de 30.000 desaparecidos en documentos oficiales. Luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que dicha ley vulneraba el artículo 13 de la Convención Interamericana de DDHH, que protege el derecho a buscar, recibir y difundir información de toda índole.

Esta situación nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Opinar como la CIDH podría ser considerado “negacionista”?

Sobre la cuestión del número, se han esgrimido argumentos de todo tipo. Por ejemplo, hay quienes entienden que cuestionar el número de 30.000, no tiene otro sentido más que minimizar el terrorismo de Estado y que, por lo tanto, un cuestionamiento de ese tipo debería ser sancionado. Este razonamiento, nos lleva al siguiente análisis: ¿Qué pasaría si otro sector político, enfrentado con los actuales ceos de los DDHH, comenzara a afirmar que los desaparecidos fueron 2 millones, y que quien sostenga que son 30.000 es un negacionista?

Avalar un número sin sustento fáctico, ya sea 30.000 o 2 millones, es un extraordinario mecanismo de persecución política que una legislación sobre negacionismo no debiera permitir. Por otra parte: ¿No es la información un derecho? ¿Por qué utilizar dogmas si existen datos oficiales? Pareciera que los autodenominados defensores de los DDHH no se dan cuenta de que su lucha se desprestigia día a día, mientras eligen sus creencias, por sobre los hechos acreditados. Esta elección los obliga a vulnerar derechos, en su intento de apagar las voces que surgen de la razón. Porque la razón, en cualquier debate público, siempre supera a la mera creencia.

Según otro razonamiento, ubicar la fecha del inicio del terrorismo de Estado durante el gobierno constitucional que precedió al golpe, también importaría un intento de diluir responsabilidades, justificar y minimizar lo ocurrido durante la última dictadura militar. Y es este otro punto en que los argentinos debiéramos ponernos de acuerdo, sobre la base de lo que se ha podido constatar.

En efecto, conforme a datos oficiales, durante el gobierno peronista que precedió al golpe hubo más de 1.200 víctimas de delitos de lesa humanidad. Es decir que un 14% de las víctimas totales registradas desde 1973 hasta 1983, corresponden al período constitucional de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón.

Más aún, –tal como se verificó en el juicio “La Perla”- durante el gobierno que precedió al golpe, existieron secuestros, torturas y asesinatos, así como centros clandestinos de detención, en manos de fuerzas regulares del ejército.

¿Qué pasará con los dirigentes oficialistas que ocultan o niegan el genocidio peronista? ¿Quedarán alcanzados por la ley que promueve el Presidente de la Nación?

Por José Magioncalda

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1 thought on “Las trampas del “AntiNegacionismo”

  1. Es que partir de un número que carece de realidad, es una falacia. Así como también negar las víctimas de los grupos armados de los 70. Pregunto: en que categoría entran esas víctimas., para ONU, es terrorismo y si esto es así también son delitos de lesa humanidad. El terrorismo de estado como tal no existe, es una figura creada a los fines de manipular los DDHH . Este es el problema argentino, manipulamos los datos de acuerdo a nuestra conveniencia

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