Lun. Nov 30th, 2020

Oficina Anticorrupción: del macrismo al kirchnerismo

Hacia adónde va el organismo que conduce el ex fiscal y miembro de Justicia Legítima, Félix Crous.

Mauricio Macri asumió con una Oficina Anticorrupción estructurada por decreto. Acto seguido, modificó por otro decreto los requisitos para acceder a la titularidad de dicho órganismo, y amplió hacia otros profesionales, además de los abogados, la posibilidad de conducirlo. Es así como, luego de esta modificación, pudo asumir la politóloga Laura Alonso, en carácter de titular de la Oficina Anticorrupción.

Independientemente de cuál fue la razón para que Macri modificara las normas del ente -muchos sostienen que lo hizo al solo efecto de colocar en el cargo a Laura Alonso- la decisión era lógica. En efecto, en términos generales, un organismo que se ocupa de perseguir delitos, pero además de controlar declaraciones juradas de funcionarios y de interactuar con distintas áreas de gobierno, para diseñar y aplicar políticas anticorrupción, no necesariamente debe estar conducido por un abogado. Perfectamente, puede ser dirigido por un contador, un licenciado en administración o por un politólogo.

El kirchnerismo presentó la designación de Alonso como una vulneración a los requisitos legales para acceder al cargo, cuando se trató de un simple decreto que modificó otro decreto. No hubo ilegalidad alguna. Más aún, el kirchnerismo tuvo la oportunidad de modificar la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y lejos de aprovecharla para establecer con rango legal los requisitos de idoneidad del titular del organismo, se ocupó de restringir el libre acceso de la ciudadanía a datos claves de las declaraciones juradas que los funcionarios deben presentar en la Oficina Anticorrupción.

Así, una vez creado el mito de la designación ilegal de Laura Alonso, el Presidente Alberto Fernández modificó los requisitos de idoneidad por decreto, y volvió sin mayor argumento al anterior sistema: nuevamente, son los abogados y sólo los abogados, quienes pueden conducir la Oficina Anticorrupción.

Nótese, al respecto, la siguiente contradicción: mientras Macri designó a una politóloga que otorgó un alto perfil a la actividad persecutoria de delitos del organismo, Félix Crous, el abogado y ex Fiscal que eligió Alberto Fernández como titular de la Oficina Anticorrupción, sostiene que su labor estará más orientada hacia la prevención: “hay que reforzar otras tareas que no tienen que ver con el Derecho Penal, porque cuando el Derecho Penal llega, llega tarde”.

Sin dudas que el talón de Aquiles del organismo es su falta de independencia. Tanto Macri como Alberto Fernández han designado a militantes políticos. Laura Alonso, pertenece al riñón del macrismo y Félix Crous, a la secta judicial “Justicia Legítima”. A ellos se agrega que la estructura de la Oficina Anticorrupción nunca fue independiente del Poder Ejecutivo. Y tampoco lo será ahora, porque la norma que establece su “independencia técnica” y su capacidad de cumplir “las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo Nacional” es un decreto del Presidente que, en cualquier momento, éste puede modificar. Y, lo más importante, porque es el Presidente quien está facultado para remover, a su antojo, al titular de la Oficina Anticorrupción.

Lo que sí trae esta modificación es una excusa menos para demorar los expedientes, ya que ahora, a diferencia de lo que pasaba con Laura Alonso, las resoluciones se dictarán sin el estudio y dictamen legal previo del Ministerio de Justicia.

En cuanto a la actividad en sí, podemos decir que Laura Alonso se ocupó de los delitos cometidos por opositores, y sólo de las vulneraciones éticas o conflictos de intereses de los oficialistas. Ella misma se autoexcluyó públicamente de perseguir delitos de los funcionarios de su fuerza política, con argumentos que nadie en su sano juicio podría compartir.

Por su parte, Félix Crous ya anuncia que la persecución de delitos no será el área a fortalecer del organismo. Mala señal, en un país donde gobierna el delito.

Más que nunca, se advierte la necesidad de una ley que regule el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción y mejore sensiblemente las normas de ética pública. Proyectos hay, voluntad política, pareciera que no.

José Lucas Magioncalda

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