sáb. Jul 20th, 2019

GASTO MILLONARIO Y PAGOS ILEGALES. EL ESTADO ASISTIÓ A LA FAMILIA MALDONADO EN SERVICIOS NO ESTABLECIDOS POR LA LEY. AVIÓN PRIVADO, HONORARIOS A PROFESIONALES Y COSTOS DE LA CAUSA JUDICIAL

El pasado 3 de enero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dio respuesta a una solicitud de información pública efectuada por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda. El pedido de informes fue sobre los fondos erogados por el Estado Nacional con destino a los gastos de la familia Maldonado, derivados de la  conocida causa en la que se investigó la desaparición de Santiago.

La ayuda económica brindada es en marco de la Ley Nacional 27.372 de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. Está destinada a solventar viáticos, hospedajes o eventualidades de suma urgencia en el caso que las familias y/o víctimas  afectadas no tengan los medios económicos para afrontar los gastos. Sin embargo, del citado informe del Min. de Justicia  surge que se efectuaron pagos fuera del marco de la ley, es decir, ilegales: honorarios a profesionales que trabajaron con la familia Maldonado y erogaciones propias del proceso judicial, no contempladas por la reciente norma sancionada por Cambiemos. Además, se contrató un avión privado de una empresa de vuelos ejecutivos que trasladó presidentes y funcionarios.

En dicha solicitud, los mencionados letrados habían requerido lo siguiente:

1.- Totalidad de los gastos sufragados por la familia de Santiago Maldonado, a partir de la causa iniciada con motivo de la supuesta desaparición forzada del nombrado, y que fueran afrontados con dinero entregado a dicha familia, por el Estado Nacional, en virtud del art. 5º, inc. o) de la ley 27.372 y/o en virtud de cualquier otra normativa;

2.- Documentación respaldatoria de la efectiva realización de los gastos mencionados en el punto precedente, por parte de la familia de Santiago Maldonado.

3.- Actuaciones administrativas destinadas a determinar si la familia del Sr. Santiago Maldonado se encontraba económicamente imposibilitada de afrontar los gastos antes mencionados, en tanto que la norma citada (art. 5º, inc. o) de la ley 27.372) exige que las familias de las víctimas se encuentren “imposibilitadas de solventarlos”.

El Ministerio de Justicia acompañó un listado con el detalle de los gastos de la familia Maldonado, que fueron afrontados por el Estado, por un total de $ 1.584.667. De dicho listado no surgían, en todos los casos, los datos que permitieran identificar al prestador del servicio contratado.

¿Podían hacerse cargo de los costos?

Respecto de la consulta destinada a saber si el Ministerio cumplimentó con el requisito legal de verificar si la familia afectada estaba imposibilitada de afrontar los gastos, la cartera que conduce Garavano sostuvo que “…con fecha 29 de agosto de 2017, la familia del señor Santiago Maldonado y su letrada patrocinante, realizaron una serie de peticiones en la reunión que mantuvieron con el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos…” y que se trató el pedido de que “se pongan a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera que sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago”. Y que “sobre el particular… este ministerio manifestó la decisión de brindar a la querella de la familia el apoyo que le fuera requerido”.

Cabe destacar que, para que proceda el pago de gastos previsto en el art. 5º, inc. o) de la ley 27.372, se requiere que las familias de las víctimas se encuentren imposibilitadas de solventarlos. Mientras que, tal como lo expresa el propio Ministerio de Justicia, el art. 9º del Anexo del Decreto Nº 421/2018, reglamentario de la ley antes mencionada,  establece que “El CENTRO DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS (CENAVID) administrará un fondo especial, … para atender a víctimas de delitos de competencia federal en todo el territorio nacional y a víctimas de delitos de competencia ordinaria de la Justicia Nacional en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. Dicho fondo tendrá como finalidad asistir los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia cuando, por sus condiciones personales, la víctima se encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.”

El Ministerio de Justicia acompañó un listado con el detalle de los gastos de la familia Maldonado, que fueron afrontados por el Estado, por un total de $ 1.584.667. De dicho listado no surgían, en todos los casos, los datos que permitieran identificar al prestador del servicio contratado.

Es sabido que Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, posee una empresa de venta de infusiones, tés y especias ahumadas, denominada Wally´s Tea Patagonia, lo cual obviamente no implica que su posición económica sea importante o suficiente. Pero, ¿se cumplió en verificar su situación para cumplir con la ley?.

Ahora bien, ¿los honorarios de los profesionales que intervienen en el expediente judicial, pueden asimilarse a los “gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia” que sí autoriza la norma antes mencionada?. Todo indica que no. Pero, no obstante ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se excedió en sus facultades, abonando los honorarios de un perito, entre otros gastos de similar naturaleza.

En efecto, luego de un pedido ampliatorio de documentación respaldatoria, realizado el pasado 11 de marzo por el letrado José Magioncalda, y que fuera contestado el pasado 25 de abril, se pudo comprobar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pagó los honorarios del perito médico legista de la familia Maldonado, Dr. Alejandro Inchaurregui, por un total de $ 300.000.

Uno de los registros de erogación al perito Inchaurregui. El total de las facturas suma $ 300.000

Del mismo modo, el Estado se hizo cargo de algunos viáticos de la abogada de los Maldonado y hasta del depósito exigido para presentar un recurso de queja, que es un procedimiento propio de la dinámica judicial (apelación de una resolución, etc) pero nada tiene que ver con lo que cubre la norma.

El Ministerio de Justicia pagó los honorarios del perito médico legista de la familia Maldonado, Dr. Alejandro Inchaurregui, por un total de $ 300.000.

Asimismo, pudo comprobarse la existencia de un vuelo en avión privado (Aeroparque – Esquel – Aeroparque) contratado a la empresa Baires Fly S.A., también abonado por el Ministerio de Justicia, realizado el 19/10/2017, fecha coincidente con la aparición del cuerpo de Santiago, cuyo costo ascendió a $ 293.377. Si bien no es frecuente este tipo de servicio en víctimas de delitos, y parece ser un trato preferencial, sí está establecido en este caso por la ley.

Baires Fly es una empresa privada destinada a vuelos ejecutivos, transporte de pasajeros, de carga y emergencia sanitaria. Es utilizada con frecuencia por presidentes y funcionarios.

En cuanto a la documentación exhibida por el Ministerio relacionada con erogaciones en viajes y viáticos, cabe destacar que no se acompañaron las facturas en todos los casos, sino que, en una gran proporción, se exhibieron meras liquidaciones de viáticos, expedidas por funcionarios de la cartera de Justicia.

No obstante el expreso pedido de Magioncalda, el Ministerio ratificó su evasiva respuesta inicial y no exhibió documentos que acreditaran la falta de medios económicos por parte de la familia Maldonado. La realidad es que jamás se tomó el trabajo de verificar si los beneficios que otorgaba a los Maldonado se ajustaban a derecho.

 INFORME COMPLETO LINK.

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