Todo lo que tenés que saber sobre lo que se va tratar en materia económica en Diputados

Impuestos, inversiones y reformas: cuáles son las medidas económicas que debatirá hoy Diputados de manera detallada.

Política 29/04/2024 PeriodismoyPunto PeriodismoyPunto
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La ley ómnibus incluye privatizaciones y modificaciones al sistema de pensiones y seguridad social laboral. Además, los impuestos como Ganancias y Bienes Personales serán modificados.

Este lunes, la Cámara de Diputados comenzará una extensa sesión que se extenderá hasta el martes para discutir dos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo considera cruciales para el plan de gobierno: la ley de Bases y el paquete fiscal. La semana pasada, ambas recibieron un informe de la comisión y se espera que tengan el apoyo del parlamento necesario para obtener la media sanción.

El intento del oficialismo de aprobar la ley ómnibus en la cámara baja será la segunda vez, después del fracaso del ensayo durante el verano en sesiones extraordinarias. Estas sesiones terminaron con una aprobación general pero fallaron al obtener los votos necesarios durante la discusión en particular. Después de una serie de semanas de negociaciones, se presentó al Congreso una segunda versión del mismo proyecto, que era más precisa.

El texto de la ley también sufrió modificaciones en comparación con el primer borrador que la Casa Rosada difundió entre los gobernadores para obtener su aprobación, lo que resultó en un posterior "poroteo" de votos favorables en el Congreso. También incluyó un conjunto de medidas fiscales con diversas propuestas tributarias que aumentarán los ingresos del gobierno federal y las provincias. Es posible que haya sido la clave para facilitar el tratamiento de la Ley de Bases.

Qué se discutirá este lunes, punto por punto?

La ley ómnibus modifica diversos aspectos de la legislación, incluyendo cambios en el sistema laboral que no serán mayores a los previstos inicialmente, una lista limitada de empresas públicas que podrían ser privatizadas y una nueva figura en el sistema previsional. En cuanto a la carga tributaria, se incluyen varios cambios en términos de impuestos, así como una extensa reducción de impuestos y una nueva medida de blanqueo de capitales.

- Sistema de predicción:

Para aquellos que cumplieron 65 años y no completaron los 30 años de aportes necesarios para jubilarse, la ley contempla la eliminación de la moratoria previsional y la creación de la figura Prestación de Retiro Proporcional.

Los individuos que pertenecen a esta categoría tendrán un ingreso mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a partir de esa edad, lo que equivale al 80% de la jubilación mínima ($260.141,60 con el refuerzo) y no les permitirá obtener una pensión por viudez. Los beneficiarios de la PUAM recibirán $222.113 en mayo, divididos en $152.113 y $70.000 del bono que el Gobierno anunció.

El Ejecutivo deberá determinar qué beneficios adicionales se percibirán sobre ese nivel en función de la cantidad de años de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La reforma del trabajo:

Hasta el final, se llevó a cabo una discusión en comisiones sobre la modificación laboral propuesta por el oficialismo. Finalmente, el cambio se limitó a ampliar el período de prueba, establecer un fondo de cese laboral optativo en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (hasta un 8% de las ganancias) y eliminar las multas por no registrar el trabajo.

El artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales también fue eliminado del texto original. Se solicitó a diputados como Miguel Ángel Pichetto, líder del bloque de Hacemos Coalición Federal, que no quiso firmar un dictamen que afectara a la CGT, para que se limpiaran los puntos más polémicos desde la perspectiva de los gremios.

La privatización:

La Libertad Avanza tenía la intención de privatizar muchas empresas con participación estatal, pero en caso de que la Ley de Bases avanzara, solo unas pocas quedarían en esas condiciones.

Las empresas que podrían ser privatizadas son Aerolíneas Argentinas, AYSA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y Corredores Viales. Además, otras dos, como Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, podrían ser vendidas parcialmente al sector privado.

La falta más notable es la del Banco Nación, que es uno de los principales obstáculos del plan privatizador de la Casa Rosada. Guillermo Francos, el ministro del Interior, afirmó que el Gobierno sigue trabajando en la idea de permitir el ingreso de capitales extranjeros y destacó que su modelo es el del Banco de Brasil, el cual fue impulsado por Lula durante su primer mandato como presidente.

Varios ámbitos políticos en Argentina ven al Banco Nación como un símbolo de la empresa estatal. Francos dijo: "No lo entendemos bien y es un debate que vamos a dar de todas maneras, no lo dejamos de lado".

Sistema de inversiones:

La regulación otorga ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias a proyectos de inversión que superen los $ 200 millones. Además, ofrece una alícuota única del 25% en el Impuesto a las Ganancias, una actualización de los quebrantos por IPC en las ganancias, tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos, la contabilización del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y AFIP con certificados de créditos fiscales.

A pesar de recibir respaldo en las empresas, la Unión Industrial Argentina fue una de las organizaciones que expresó objeciones. La organización había informado a los diferentes grupos políticos que la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tiene un impacto negativo en los proveedores locales en comparación con los productos importados, ya que la importación no paga aranceles mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con sus responsabilidades arancelarias e impositivas. La UIA presentó ideas en el articulado para establecer un plan que permita a las compañías argentinas ser proveedores de alta calidad para los nuevos proyectos importantes.

Paquete de impuestos


El proyecto adjunto establece numerosos cambios en el paisaje impositivo, incluida la vuelta de la cuarta categoría de ganancias, una disminución de las ganancias de bienes personales en los próximos años, una actualización de las escalas del monotributo, una extensa moratoria de deudas tributarias y un blanqueo de capitales.

Beneficios:

La cuarta categoría de ganancias se eliminó en septiembre pasado, eximiendo a más de 800.000 contribuyentes del pago del impuesto. La ley aprobada por el Congreso aumentaba el límite mínimo no imponible para trabajadores y jubilados que recibían 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM). Además, establece que los contribuyentes tributarán según la diferencia entre el haber y el SMVM establecido, y las alícuotas oscilarán entre el 27% y el 35%, dependiendo del nivel de ingresos. Si las dos cámaras aprueban el Paquete Fiscal, eso se corregirá.

Con la redacción acordada por la comisión, se incluyen las 17 categorías mencionadas. La categoría más baja, que tiene un salario bruto de hasta 1.800.000 pesos, lo que equivale a una remuneración neta o "en mano" de hasta $1.494.000, está exenta del impuesto, que se conoce como "el mínimo no imponible para empleados solteros".

- Un solo tributo:

El Gobierno planea aumentar los límites de facturación y cuotas, con incrementos que oscilan entre el 300 y el 330 por ciento. Para estar en el régimen simplificado, el ingreso tope anual sería de $68 millones y eliminaría la diferenciación entre actividades (comercio y servicios). Además, aumentarían los montos totales de la escala y los montos a pagar.

Los monotributistas de la categoría A de bajos ingresos podrían facturar hasta $6.450.000 anuales si el proyecto se aprueba. Para aquellos que pertenecen a la categoría K, que es la más alta, se les otorga una suma de 68 millones de pesos.

Los monotributistas deberían aumentar sus pagos mensuales por el impuesto integrado y los aportes al sistema jubilatorio y a la obra social. Además, se establece un precio unitario de facturación de $385.000 para aquellos que ofrecen servicios y aquellos que venden bienes. Y se establece una actualización por inflación cada año.

-Bienes Individuales:

La eliminación del tratamiento de alícuotas diferenciales según la localización de los bienes (en el país y en el extranjero) es uno de los principales cambios que el gobierno busca implementar para bienes personales.

Además, según el informe del estudio de Lisicki, Litvin & Asociados, se propone modificar las escalas progresivas del impuesto a partir del período fiscal 2023, con una alícuota inicial del 0,50% y luego una alícuota del 1,50%, eliminando el último tramo de la escala por cada período fiscal hasta 2027, cuando solo se aplicará una alícuota del 0,25%. A su vez, "las escalas se actualizarán anualmente de acuerdo con IPC".

Además, el proyecto propone un beneficio para Contribuyentes Cumplidores, es decir, aquellos que hayan cumplido con todas sus obligaciones de bienes personales para los períodos fiscales 2020 a 2022 tendrán una reducción del 0,25% en la alícuota para los períodos fiscales 2023, 2024, 2025 y 2026. Sin embargo, es importante señalar que si el contribuyente se sometería al sistema de regularización de activos, no podría ser considerado un contribuyente cumplidor.

Los valores actualizados para el período fiscal 2023 son:

El mínimo no imponible es de $100.000.000, que actualmente es de $27,3 millones.
Casa-habitación mínima: $350.000.000
En cuanto a la escala, el informe indicó que "se plantea un régimen individual y voluntario que comprende el ingreso por adelantado del Impuesto sobre los Bienes Personales (ISBP) y todo otro tributo patrimonial (cualquiera que sea su nombre) que pueda complementar o reemplazar el ISBP para los períodos de 2024 a 2027′′.

La moratoria:

Este documento exige el pago voluntario de diversas obligaciones que vencen hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive, y tiene una duración de 150 días corridos a partir de su entrada en vigencia. De acuerdo con la forma de adhesión y el tipo de deuda que se declare, se ofrecerán diferentes ventajas.

No se pueden incluir los pagos adeudados a las obras sociales, las aseguradoras de riesgo de trabajo y los aportes y contribuciones a la Seguridad Social de los empleados de hogares particulares.

El proyecto establece un esquema de pago para los casos que opten por regularizar sus obligaciones mediante un esquema de facilidades de pago, con una condonación del 100% de las multas aplicadas.

El proyecto de ley contempla la condonación del 30% de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de consolidación original, así como la regularización a través de los tres primeros esquemas previstos, con la correspondiente condonación de intereses para aquellos devengados a partir de la fecha de consolidación original. Según un informe de la OPC, también se aplica en estos casos el beneficio de la condonación del 100% de las multas aplicadas.

Según el plan de blanqueo, no se aplicarán impuestos a activos que superen los $100 000, lo que significa que el blanqueo no tendría costos. El proyecto propone alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15% para aquellos montos que superen los USD 100.000, dependiendo del momento en que los contribuyentes decidan adherirse al régimen. Estas tasas cambiarán en tres etapas distintas para promover una adhesión temprana.

Además, al blanquear montos superiores a USD 100.000, se puede aplicar una alícuota 0% bajo ciertas condiciones. Para lograrlo, será necesario depositar el dinero extraviado en una cuenta bancaria específica y mantener el dinero sin moverse hasta el día 31 de diciembre de 2015.

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