dom. May 26th, 2019

SANTA CRUZ: FUNCIONARIO K DENUNCIADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO SE NIEGA A RESTITUIR UN MENOR A SU MADRE

El poder de Santa Cruz ampara a los violentos: funcionarios del Ministerio de  Trabajo de la provincia y el vice gobernador Pablo González son la excusa de  apremio para retener un menor que debe ser restituido a la madre.

La historia.

María Voglino salió de Santa Cruz para salvar su vida. El padre de su hijo, Diego Aibar, funcionario de Santa Cruz, con ayuda de la justicia kirchnerista, la mantenía por medio de una medida cautelar en la localidad de Los Antiguos a merced del violento y toda su familia. Se acumularon denuncias por ataques a María y a toda su familia, sin que nadie haga nada. Ni siquiera por la psiquis del menor, existiendo un informe de la Asistente Social en el Hospital de la localidad donde recomienda que el niño no esté sólo con la familia de su padre porque implicaba riesgos para él. También hay un informe psicológico que la misma jueza no quiso pedir, la profesional que lo redactó recibió también amenazas de la familia del padre del niño.

Aibar, funcionario denunciado por violencia familiar en Santa Cruz.

La madre del agresor desarrolla funciones en Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Secretaria de Los Antiguos, y siendo los peritos empleados de la provincia, existe el abuso de poder, permitido sin tapujos por una justicia vergonzosa. Dora Del Carmen Rivera, desde cuentas falsas de redes sociales, amenaza a María y la llama “mama luchona”, rige para ella y su marido, ex policía de la provincia de Santa Cruz, una orden de restricción de acercamiento al niño. Ayer se blanqueó la candidatura del vice gobernador Pablo González, con quiénes se muestra la funcionaria en fotos.

La jueza en lo Comercial, Laboral, de Minería y Familia,  de la localidad de Pico Truncado, Gabriela Zapata dijo no necesitar los informes, y por consejo del Ministerio de Justicia de la Nación, se levantó la medida que mantenía a María en Santa Cruz, pero firmando un acuerdo de visitas para su padre, que viviendo ella en Los Antiguos, jamás  devolvía al chico en tiempo y forma, sin previas denuncias policiales, tironeos y agresiones.

Dora Rivera junto al Vice Gobernador Pablo González.

Ante esta misma jueza el niño declaró: ” tengo miedo que mis abuelos maten a mi mamá, mi papá puede hacerlo, mis abuelos me dijeron que la iban a matar”.

Santa Cruz no se aleja en semejanzas de desprotección a las mujeres víctimas de violencia, con casos como los de Catamarca, María Soledad Morales o Tucumán, Paulina Lebbos, porque si María no hubiese salido de la provincia, probablemente hoy la estaríamos lamentando. Las múltiples denuncias que obran en poder de la policía y la justicia de aquel feudo, duermen el sueño de los justos respecto de esta familia de violentos. Típico de las provincias que protegen a los hijos del poder.

La madre del agresor se muestra desafiante en fotos con el vicegobernador  y nombró a su hijo Diego Aibar en su repartición, igual que a su hija, donde todos los testigos coinciden en que son ñoquis de un estado que no paga ni siquiera en tiempo y forma los sueldos.

Dora Rivera junto a la Gobernadora Alicia Kirchner.

Aibar ha formado una nueva pareja, de la que ya recibió denuncias por distintos tipos de violencia, que constan  en la justicia de Santa Cruz, seguramente cajoneadas.

La denuncia.

María cumplió el acuerdo y le permitió a su hijo viajar con su padre a Santa Cruz durante el mes de febrero, ya que la jueza Zapata amenazó con embargos de sumas que la joven no podría afrontar, cabe aclarar que además de los cuidados, no recibe ayuda económica alguna de Diego Aibar. En el mes de febrero el menor estuvo con su padre y debía estar con la madre el 1 de marzo. Desde hace días empezó con excusas y dilaciones: acordó enviarlo en avión al cuidado de una azafata, pagado por la madre, argumentando que no podía traerlo, pidió dinero al abuelo materno para llevarlo a tomar el avión a Comodoro Rivadavia,  quién le hizo firmar un documento donde consta para qué le prestó el dinero.

La justicia no hizo lugar tampoco a las denuncias de acoso de María, recibiendo más de 40 llamados por día por parte de Aibar. Desde que se lo llevó, la comunicación de la madre con él es escueta, el chico sólo responde sí o no a las preguntas de su madre, no detalla actividades, ni paseos, simplemente se limita a responder si o no. Tampoco pudo ver a su abuelo materno y a su tío que viven en Los Antiguos, a quien en el caso del abuelo, Aibar sí recurrió para pedirle dinero para algo que no cumplió, que era llevar al chico a Comodoro Rivadavia a tomar el avión. Todos los miembros de la familia de María han recibido golpes y agresiones en distintas circunstancias, por parte de la familia Aibar. Esto consta en la justicia.

Documentación de la denuncia.

Ayer a la hora del arribo del avión la desazón de María fue tal que no podía entender lo que le decía el empleado de la aerolínea: “no ha viajado ningún menor al cuidado en este vuelo” ni en ningún otro.  Y la jueza Gabriela Zapata no atendió siquiera el teléfono de esta periodista. A la hora de amenazar con multas a los hijos del poder, brilla por su ausencia.

Aibar cortó toda comunicación de su hijo con su madre y la reanudó recién cuando de la Unidad Judicial 4 de la Provincia de Córdoba, donde se radicó la denuncia ante la ausencia del menor, le dejó mensajes sobre la denuncia que pesaba en su contra.

No ha dado explicaciones, sólo sostiene que no traerá al niño, que debe comenzar las clases el 6 de marzo, privándolo del derecho a la educación, ya que en Santa Cruz no comienzan las clases, y perdiendo su turno con el psicólogo que lo asiste por las múltiples escenas de violencia que debió vivir, tanto de parte de su padre como de la familia paterna, contra su madre.

Todo lo relacionado con este caso está asentado en la Justicia ciega de Santa Cruz, que prefirió proteger violentos por órdenes políticas que a la población más vulnerable. Además de haber tomado intervención el Polo de Violencia de la Provincia de Córdoba y la Unidad Judicial 4.

Un nene rehén de los hijos del poder donde la justicia arrodillada, viola sistemáticamente junto a los funcionarios provinciales y sus influencias, sus derechos, pone en riesgo la integridad de su madre y desoye la observación de la Justicia de Córdoba.

¿Habrá que esperar que la desesperación de la madre la lleve a buscarlo?.  A un lugar donde su vida corre verdadero peligro, como el de todas las madres, que en este país dejaron en 2018, a más de 200 menores sin ellas porque la justicia, la policía y todos los mecanismos de protección llegan tarde, y las matan.

María Voglino pide la inmediata acción responsable de la justicia, está cansada de peregrinar contando su historia. Sólo cabe esperar que por una vez los organismos que deben proteger los derechos de la niñez estén a la altura de las circunstancias, y que prime la igualdad ante la ley, sin intervención del poder político protegiendo hijos violentos de personajes que les son útiles.

El 6 de Marzo cuando empiecen las clases en Córdoba, habrá un banco vacío en el aula de la escuela donde asiste. Y una madre presentándose con su denuncia para justificar esa ausencia.

La comunicación del menor y la madre se volvió a cortar y sólo le permitirá hablar con ella si  acepta – pedido insólito – que él se quede con el chico.

Un país que no respeta los derechos de los niños, como son la salud, la alimentación y la educación, está condenado a no tener futuro.

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