dom. Mar 24th, 2019

MILAGRO SALA: LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE PODRÍA ARRASTRAR A CRISTINA KIRCHNER

Desde hace más de un año un grupo de ciudadanos jujeños afectados por la organización Tupac Amaru, conducida por Milagro Sala, invocan ante organismos internacionales su condición de víctimas de delitos de lesa humanidad. El abogado que las representa, José Magioncalda, Presidente de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, sostuvo recientemente ante la Comisión de DDHH del Parlasur, que la Tupac era una “organización para estatal” y que  sus acciones violentas y “la arbitrariedad en la aplicación de los fondos públicos, estuvieron orientadas a infundir miedo y doblegar toda resistencia al poder ejercido por Sala y su organización. Siempre, con la complicidad de las autoridades del Estado argentino, que a lo largo de varios años y hasta diciembre de 2015, toleró, apoyó y financió este tipo de conductas.”

De acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional vigente, las organizaciones susceptibles de violar DDHH son los estados y las organizaciones “para estatales”. De ahí que esa calificación, la de “para estatal”, revista suma importancia a la hora de atribuirle a organizaciones como la Tupac Amaru y a su líder, la comisión de delitos de lesa humanidad.

En este sentido, la abogada constitucionalista Amparo Alconada, al ser consultada por PyP, sostuvo que “cuando un estado se encuentra ausente, los roles que la propia Constitución le otorga, no quedan en manos de nadie sino que son ejercidos por quienes, en reemplazo del aparato estatal, detentan el poder”. Para Alconada, “en Jujuy existía una organización para estatal, -es decir una asociación que cooperaba con los fines del Estado, pero sin formar parte de la Administración Pública- y que, a la vez, que hacía las veces de ¨Estado de hecho¨, se dedicaba a cometer delitos.” De este modo, la abogada constitucionalista considera que “los crímenes realizados por una organización para estatal, solo pueden ser interpretados y analizados como casos de terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad, en tanto que, al haber sustituido o suprimido al Estado, todos sus actos tienen el efecto, la gravedad y las consecuencias que los realizados por la administración ausente que ocuparon.”

Por su parte, la letrada Victoria Villarruel, abogada y Presidente de CELTYV, consultada por PyP, consideró que “Milagro Sala creó con fondos públicos un Estado paralelo donde las reglas eran distintas a las del estado de derecho, por lo cual terminó violando junto a su agrupación Tupac Amaru los DDHH de ciudadanos inocentes, forzados por la necesidad económica y la desidia estatal a acercarse a asociaciones ilícitas como la que comandaba Sala.” Entiende Villarruel que el problema está en los “intermediarios” y que “es vital que el Estado proteja a los ciudadanos de aquellos que, con fondos públicos o sin ellos, violan la ley y vulneran los DDHH con la indiferencia y complicidad estatal.”

Pero más allá de lo actuado por los representantes de las víctimas de Milagro Sala y de las opiniones de calificados profesionales, el gobierno de Jujuy no se había pronunciado, al menos oficialmente, sobre el carácter “para estatal” de la organización Tupac Amaru. Y ello fue así hasta el pasado jueves 27 de diciembre, en que, luego de un fallo que decretara el sobreseimiento de Sala, en la causa “Balacera de Azopardo”, el Fiscal de Estado, Mariano Miranda, emitió un comunicado titulado “Gobierno Rechaza Fallo por Vergonzoso”. Allí, sostiene Miranda que “Los jujeños sabemos del método sistemático de utilización de la violencia que ejercía Milagro Sala en Jujuy. Lo hizo durante muchos años, ante un Estado ausente, que delegó el cumplimiento de los roles constitucionales en una organización para estatal violenta…”.

Lo que se lee entre líneas, a partir de este análisis, es que –para el gobierno jujeño- los delitos cometidos contra las personas, por Sala y su grupo, podrían ser calificados como violaciones a los DDHH. Esta conclusión, de confirmarse, y según lo sostiene el abogado José Magioncalda, podría abrir un nuevo frente judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y miembros de su gobierno, ya que no era otro que el gobierno nacional, el que financió durante la anterior administración a la violenta organización para estatal Tupac Amaru. Con un agregado: la imprescriptibilidad de la acción penal, en relación a los crímenes de la Tupac, tanto respecto de los integrantes de dicha organización, como de las autoridades nacionales de la era K.   

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