Seguridad en el fútbol y la crisis sin fin

El espíritu futbolero del presidente Mauricio Macri lo traicionó. Su intención,  que  participen en forma conjunta los simpatizantes de ambos equipos de fútbol  en los encuentros de la final de la Copa Libertadores de América, a desarrollarse próximamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y  compartan una gran fiesta deportiva; además se demuestre al mundo una imagen positiva  y la  cultura futbolera de nuestro país; desnudó ausencias de enfoques de gestión pública  que tienen impactos en la seguridad.

El primero de ellos, es la elaboración de un diagnostico adecuado, preciso, objetivo y metódico de la situación de la violencia en el futbol; segundo, la toma de decisiones, en seguridad, sin la correspondiente evaluación de riesgos y su traslado a la consiguiente planificación.

En el mes de junio de 2013, la Asociación del Futbol Argentino, más conocida como AFA , en forma conjunta con el gobierno Nacional , tomó la decisión de prohibir el ingreso a los encuentros futbolísticos de los simpatizantes visitantes. Medida adoptada a razón del crimen en la ciudad de La Plata de un hincha del Club Lanús;  prohibición que se extendió para todas las categorías del Fútbol Argentino.

Esta restricción fue levantada en forma  paulatina por algunas provincias, manteniéndose en la ciudad autónoma de Buenos Aires,  justamente donde se deben realizar estos importantes encuentros  entre los clubes más populares y reconocidos de la región y del mundo: River Plate y Boca Junior. Ambos cuentan con gran cantidad de socios, seguidores, simpatizantes  y entre los cuales se encuentran los denominados barras bravas, que ponen en vilo a la seguridad, cada vez que hay encuentros.

Sintéticamente el perfil de las barras, de cualquier de los clubes argentinos,  se resumen en tres frases, pasión por el futbol, agresividad como método y negocios que le dan sostenibilidad. Respecto al negocio, hay suficientes investigaciones relacionadas con los vínculos de los barras con dirigentes deportivos,  con jugadores, con las drogas, con la política y  polifuncionalidad de actividades y rubros. No obstante  existen, crecen en número y continúan con las históricas disputas y sus negocios.

La decisión del año 2013 fue motivada por la violencia de los barras; un diagnóstico rápido con un actor determinado y totalmente probado. Pero, desde aquel 2013 hasta el presente son recurrentes los hechos de violencia, pese a la prohibición establecida. Hechos conocidos y lamentables, desde el uso de gas pimienta del “panadero” Napolitano hasta la muerte de 50 personas, incluyendo a Javier Cabrera, el reciente 2 de noviembre de 2018. Pareciera una situación incontrolable.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el año 2017, trató de retomar este problema sancionando la Ley 5847, utilizando  la experiencia inglesa, el Informe Taylor publicado en 1990.  Este antecedente extranjero sirvió  para actualizar el marco legal vigente y trasladar varias responsabilidades  de la seguridad a los clubes.

Es decir no hubo un trabajo de campo,  con amplia participación, con metodología y que  abriera la posibilidad de participación de otros actores que  aporten fundamentos reales de la medida legal. La carencia de un diagnóstico, en la que todos los involucrados en el deporte, el gobierno y con la intervención de agentes objetivos externos, como ONG o Universidades, es una necesidad inmediata. Porque tampoco existen  otros estudios  de situación actualizado a nivel nacional, o por lo menos no fueron difundidos.

El diagnóstico es el paso inicial para dar lugar a la proyección de un plan contra la violencia. Colombia asumió el problema e inició un proceso en el año 2014 con un plan a diez años, como consecuencia de los sucesos trágicos que se venían registrando en el futbol.

Esta opción, la del plan, es la oportunidad para el sinceramiento y comprensión de la totalidad de factores situacionales que generan la violencia en el futbol; tomando conciencia, proyectando a la educación, desarrollando alternativas de gestión frente a la subcultura de los barras, estableciendo responsabilidades concretas para todos los  involucrados; dando fundamentos objetivos, reales, propios y actualizados para un marco legal moderno. Este diagnóstico permitiría el diseño de varios proyectos; uno de ellos, enfocado al trabajo de los clubes, asumiendo la responsabilidad de las medidas de seguridad, el bienestar, la tranquilidad, seguros, hasta la comodidad del espectador a partir de su ingreso al estadio, en virtud del contrato que implica la compra de la entrada.

Otro programa infaltable es la cuestión de los barras. No se podrá avanzar, si no se consideran las actividades ilícitas que le dan sostenibilidad financiera, mediante la adecuada investigación y puesta a disposición de la justicia, incluyendo la complicidad de los dirigentes deportivos, jugadores y funcionarios públicos si lo hubiere. También, los clubes podrían plantear actividades sociales para aquellos barras que se avengan a un proyecto de esta naturaleza, canalizando su afectividad deportiva hacia actividades creativas y comunitarias, alejándolos del reclutamiento de líderes facciosos.

Todo en un documento estratégico, con objetivos, metas, acciones mensurables,  procesos de evaluación y difusión de los logros e impactos. Esta es la primera gran ausencia en este entramado incierto y critico

El segundo aspecto, también faltante,  es la visión de la seguridad en el contexto del futbol. La seguridad como  bien y derecho, a mi entender debería percibirse como previsión, prevención y capacitación. Esta concepción, proyectada a una final de futbol de trascendencia mundial, en un ámbito con antecedentes caóticos y trágicos, merecen ser implementadas  mediante proceso detallado y metódico con el  involucramiento de todos los responsables directos e indirectos; y a partir de una rigurosa  evaluación de riesgos, determinar la viabilidad y factibilidad y posteriormente la elaboración un plan de seguridad.

No es novedad, el mundo deportivo,  en toda gestión de competencias futbolísticas construye un documento rector  – el Plan de Seguridad – ; describiendo  la situación puntual del evento, con los riesgos probables en base a los antecedentes, estadísticas e historia de los hechos; las respuestas graduales,  mediante protocolos frente a cada riesgo trasformado en incidente; las coordinaciones con todos los demás servicios infaltables, bomberos, emergencias, seguridad privada, funcionarios de los clubes y con la justicia penal contravencional.

También, el mismo plan debe incluir el dispositivo a cubrir con los recursos humanos, barreras y medios tecnológicos; áreas de empeñamiento, internas y externas al estadio, avenidas de aproximación, egreso y evacuación  y otros sectores de la ciudad que puedan ser zonas de conflictos, determinadas por la evaluación inicial.  Respecto a este esquema, la necesidad de efectivos  de seguridad,  dependerá de la cantidad  de asistentes al evento; si tomamos como referencia la capacidad (65000 personas) del estadio Monumental, Antonio Vespucio Liberti,  corresponderían 6500 efectivos (1: 1000), según la tabla usada por Catalunya (Barcelona – España).

Pero,  es la evaluación de riesgos la etapa esencial,  la base  y el fundamento de las  decisiones  y para encarar las  actividades necesarias que se desprendan para dar un marco pertinente de seguridad.

En definitiva, esta situación de idas, vueltas, contradicciones  y ausencias puede servir para reflexionar y retomar la visión de la seguridad, que facilite el  planteo de proyectos tendientes a mejorar la gestión pública  y la privada de los clubes, que garanticen  la  calidad del espectáculo que no ponga en peligro el bienestar y la integridad física de todos los concurrentes y simpatizantes del futbol. Esto es lo que esperamos los que amamos y disfrutamos de este deporte.-

Por José Pibernus

 

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