mar. Jun 18th, 2019

Riachuelo. La Justicia solicitó al Estado Nacional que asista a las familias relocalizadas que atraviesan una grave crisis

A partir de una presentación conjunta realizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la Defensoría General de la Nación (Programa Riachuelo) y la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Morón, el Juez Jorge Rodríguez solicitó al Estado Nacional que aborde la problemática de los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo, que fueron relocalizados en complejos habitacionales y que no pueden afrontar el costo de los servicios públicos de sus viviendas.

Atendiendo esta problemática, el magistrado requirió al Estado que presente, en 45 días, alternativas que permitan a estas familias la cancelación de las facturas de servicios públicos que deben, sin que se altere su ecuación económica familiar. Se ordenó que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) deberá brindar información sobre las personas relocalizadas, los barrios y las próximas mudanzas previstas. No es la primera vez que se le exige a ACUMAR brindar información de su labor, ya que a principios de Junio la Corte Suprema le había ordenado que comunique qué empresas estaban contaminando el riachuelo.

 

 

El Estado debe afrontar la problemática de los vecinos de la Cuenca Matanza Riachuelo, que fueron relocalizados en complejos habitacionales y que no pueden afrontar el costo de los servicios públicos de sus viviendas.

 

El magistrado requirió a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires que “presenten una propuesta de acompañamiento tendiente a mantener y evitar el deterioro de las viviendas”.

A los diversos reclamos realizados ante la administración, tanto local como nacional, sólo se había obtenido como respuesta que cada familia podía tramitar individualmente la tarifa social. “Quedó demostrado que este mecanismo es insuficiente e ineficiente, dado que los requisitos establecidos por el programa se vuelven, en muchas situaciones, obstáculos insalvables”, señaló el Defensor Adjunto Penal porteño, Luis Duacastella. Y agregó: “Además, la gestión individual sin el acompañamiento adecuado, supone que los beneficios de la tarifa social no alcancen a la mayor parte de la población relocalizada”.

Tal como destacaron Duacastella y los defensores públicos oficiales en su presentación ante el Juzgado, los organismos, entes y empresas no aportaron actividades “en pos de colaborar en la gestión y obtención de los subsidios al consumo de los distintos servicios”, como tampoco brindaron alternativas que permitan afrontar la cancelación de las facturas. En tanto, desde la Provincia y la Ciudad tampoco presentaron nada para garantizar la sustentabilidad de las nuevas viviendas.

Así lo entendió el Juez Rodríguez, quién planteó que la misma Corte Suprema estableció que se debe preservar el derecho de estas personas a acceder, en sus nuevos inmuebles, a los servicios públicos esenciales y mejorar, en general, la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.

 

FUENTE: http://www.noticiasurbanas.com.ar/noticias/riachuelo-la-justicia-solicito-al-estado-nacional-que-asista-a-las-familias-relocalizadas/

Periodismo y Punto.

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