Desgaste. El funcionario que sobrevivió a La Cámpora y ahora es espiado por Cambiemos

Tras asumir la jefatura comunal de Junín, Provincia de Bs. As., en el año 2003, Mario Meoni tuvo entre uno de sus primeros objetivos el de crear una oficina de Defensa del Consumidor. Con el paso del tiempo, fue perdiendo fuerza para terminar por pasar inadvertida.

Con el recambio institucional que llevó a Pablo Petrecca a ocupar la intendencia de Junín en 2015, la conducción del organismo fue asumida por Fernando Scanavino , quien venía de desempeñar gestiones en la municipalidad de La Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno Nacional. Tras dos años de gestión, Defensa del Consumidor se constituyó en una de las pocas áreas respetadas y representativas de la localidad.

Sin embargo, y según publica el sitio web RealPolitik: “el jefe del gobierno Pablo Petrecca, principalmente a través del secretario de Legal y Técnica, Adrian Felman, y la secretaría de Gobierno, Agustina de Miguel, manda a operar y espiar al director de la Defensa del Consumidor, Fernando Scanavino. Las acciones de desgaste son varias e incluye el nombramiento de un empleado que hace las veces de espía, trasladando información sobre lo que pasa y deja de pasar en la oficina. A este proceso se suma el abrupto achique del plantel de empleados, que fue reducido prácticamente a su mínima expresión: antes eran once y hoy hay apenas cinco. Finalmente, el mobiliario de la oficina se fue volviendo obsoleto y se encuentra en un estado de total abandono, a raíz de la falta de recursos que afecta al área”.

El funcionario está acostumbrado al desgaste, la miseria política y la corrupción: durante la década K se enfrentó – y fue despedido – a los dirigentes de La Cámpora que manejaban la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ), donde se desempeñó como funcionario.

Caso Ciccone. En una entrevista al diario La Nación de 2013, Scanavino afirmaba que “la orden era proteger a Boudou y no dar nada sobre él ni sobre el caso Ciccone”. Trabajaba como inspector legal de sociedades comerciales en la IGJ, cuando se convirtió en el primer abogado despedido sin causa del organismo desde los años 90. Denunció en su momento, con nombre y apellido, los presuntos delitos e irregularidades que pudo comprobar dentro del organismo que depende del Ministerio de Justicia, en línea con lo que siempre sostuvo la ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez.

La gestión pública sigue siendo en Argentina un lugar en dónde hacer las cosas de forma transparente y eficaz es un riesgo y puede costar caro.

 

FUENTE: web RealPolitik y Diario La Nación

 

Sebastián Turtora

@sebiturtora

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