Secretos y confesiones de las relaciones carnales entre Casa Rosada y la justicia federal

Durante los dos años y seis meses que lleva el gobierno de Cambiemos en el poder, la oposición más dura ha instalado la idea de que en la Argentina existen personas privadas de su libertad por sus creencias políticas o ideológicas. Como si fuese la Venezuela post chavista o los regimenes autoritarios africanos, para el núcleo duro del kirchnerismo en nuestro país se vulneran los derechos ciudadanos y la libertad de expresión corre peligro.

El planteo no merece mayor análisis. En dos años y medio, luego del gobierno más corrupto de la historia reciente argentina, en la que todos los funcionarios de Néstor y Cristina Kirchner se enriquecieron y en que, los que denunciamos los desaguisados de antaño, fuimos difamados, silenciados, censurados e incluso perseguidos, las cárceles no están llenas de políticas. Lo cual no implique que la justicia federal sea independiente del poder político de turno. Hay jueces más proclives a obedecer las voluntades del Ejecutivo y, durante el 2017, se sucedieron detenciones arbitrarias. Tal vez el caso más llamativo sea el del Secretario de Legal y Técnica, Carlos “Chino” Zannini. Otros símbolos de la corrupción K sufrieron esa relación simbiótica entre la justicia y Casa Rosada y sus encarcelaciones parecieron una exageración. Mal que le pase a muchos lectores, Luis D´elia podía ser detenido por cualquier otra razón que por la endeble causa investigada por Claudio Bonadío por participar de una asociación ilícita destinada a traicionar a la Patria. El piquetero, a lo sumo, llevaba y traía información en beneficio propio. Pero los delitos deben comprobarse si existen.

El inconveniente de Comodoro Py es que suele nutrirse de informes de la ex Side, actual AFI, de pinchaduras de teléfonos monitoreadas por la Corte Suprema de Justicia y pedidos de informes a organismos de control que fueron copados por militantes K y desarticulados durante la “década ganada”. Insisto, como lo decía aquí la justicia no sabe investigar. No es un problema únicamente atribuible a Py sino también a parte del periodismo -del que formo parte- que sólo investigan basándose en una única usina de fuentes de información: judicial, oficial o los servicios de inteligencia con los riesgos que ello implica. Aquí Vázquez indaga sobre el martirio que sufrió, Mario Clemente, un empresario rosarino por no “pagar”.

A Lázaro Báez, por ejemplo, le anticiparon que caería detenido si perdía Daniel Scioli. Eso no lo convierte en una carmelita descalza. Es más, siempre sospechó que detrás de su caída estaba CFK. Su frase “Cristina me usó de forro” no es sólo una metáfora. Cuando Cristóbal López aseguró que había estado “secuestrado” se basaba en la creencia de que si “tocaba la puerta” adecuada, zafaba. Con la misma convición, hizo lo propio para pagar la fianza “del secuestro”. Los chorros creen que todos son de su condición. El problema del círculo rojo de Mauricio Macri es que, muchos de sus confidentes, recibieron los favores del zar del juego en la Ciudad de Buenos Aires durante ocho años. La relación entre Báez y Calcaterra no es un ningún invento del periodismo más alcahuete del anterior gobierno.

Cuando Norberto Oyarbide le tomó la declaración indagatoria a Sergio Schoklender lo detuvo a los pocos minutos de sentarse frente a él. Su hermano Pablo corrió la misma suerte. Esto dice hoy el ex hijo putativo de Hebe de Bonafini. Recuerdo que esa mañana del 2011, el vocero de Bonafini, un ex empleado de Aníbal Fernández, ya estaba informado de lo que haría el juez. Ese año, la Presidenta era Cristina. A Schoklender lo tenían que meter preso porque Bonafini no soportaba más su destape mediático. Cristina es especialista en entregar a sus alfiles.

Lo mismo haría, durante el gobierno de Macri, con el ex número 2 de Julio De Vido: José Francisco López.

Nadie recuerda a un tal Cuervo, un operador en las sombras que colaboró en la caída del ex secretario de Obras Públicas de la Nación. Olvidado en un pabellón de Ezeiza, Carlos Zannini le aconsejó a López que contase de quién era la plata. ¡No salimos más! habría respondido Josesito.

En el sindicalismo también hubo idas y vueltas en las detenciones confirmando el toma y daca de la política /justicia argentina. Al Pata Medina le contaron, un mes antes de caer, sobre una reunión entre un enviado de la AFI, el ministro de Trabajo de Buenos Aires y el PResidente de la Nación. Marcelo Balcedo fue su confidente. Ahora ambos ven la película desde prisión. Al Pata Medina, líder platense de la UOCRA, las denuncias comenzaron a llover cuando se enfrentó con Vidal y Gerardo Martínez, su jefe en los papeles. Algunos sindicalistas olvidaron sus creencias peronistas cuando confirmaron que “los muchachos juegan a fondo”. Néstor Kirchner fue un pionero. En el 2003, junto a los principales contratistas del Estado en la Cámara Argentina de la Construcción y les marcó la cancha. “Tengo info de todos, borrón y cuenta nueva o van en cana”. Así nació el “Hablen con Julio”. Cuando algún empresario se hacía el vivo se quedaba afuera del negocio. Le pasó a Báez en las represas de Santa Cruz. O a los Eskenazi después de la muerte de Kirchner. No pagaron lo que les solicitaba Máximo y su madre y se enteraron por los diarios que estaban siendo investigados por evasión impositiva. Misma suerte tuvo Relats. Sólo se salvó Rudy Ulloa, el más fiel de todos.

En el 2014 escribí “El negocio de la impunidad”. El volcán “Carrió” y la inesperada victoria de Vidal sobre Aníbal Fernández, frenaron ese panorama sombrío que guiaba a la política argentina de las últimas cuatro décadas. Nadie que tuvo poder iba preso en nuestro país con la excepción de Carlos Saúl Menem y su paseo por una Quinta o de María Julia Alsogaray -los símbolos suelen caer en desgracia-. No mucho más. A partir de diciembre del 2015 se abrió un panorama distinto en la Argentina. A pesar de decenas de columnas de opinión que hablaban de un mani puliti, Py hizo la plancha. No estuvieron a la altura de las circunstancias. Con honrosas excepciones, siguieron imputando o procesando funcionarios con investigaciones flojas de papeles, informes de dudosa credibilidad y repentinas apariciones de testigos de identidad reservada. Es una luz amarilla para los que confían en que algún día los que se robaron un país devuelvan la plata.

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